Los informantes han razonado la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos diciendo que son los únicos allí depositados que no proceden del tiempo de la Guerra. Cualquier excusa vale, pero ninguna va a ser aceptada por los habitantes de la caverna. Franco ha sido también el único motivo de discordia entre los miembros de la Comisión, tres de los cuales han suscrito un voto particular en el Informe.

Fundan éstos su opinión en dos razones: el “respeto a la continuidad de la historia de España” y la “ponderación de concurrentes circunstancias de legalidad y oportunidad”. Explican el respeto histórico con un primer argumento de que no se ha visto nada igual en Europa, exhumar a un Jefe de Estado, pero es un argumento muy débil, aunque sólo fuera por el hecho de que no existe nada parecido en Europa. ¿O es que Hitler, Mussolini, Ceauscescu o Stalin, por ejemplo, presiden lugares públicos en sus respectivos países? Más fuerza tiene el otro razonamiento histórico que aportan. Dicen que la Comisión ha optado por congelar los restos existentes de la dictadura o por acumularlos a los restos de los vencidos, pero ha prescindido de destruirlos. Efectivamente, así lo han expresado en el punto 5 de las Consideraciones. ¿Por qué hacen esta excepción con el enterramiento de Franco? Caben muchas respuestas, no obstante, a este interrogante, incluida la imposibilidad de acumular en este caso un resto paralelo. Pero la respuesta más sencilla es que no se trata de destruir, sino de reubicar, como viene ocurriendo con muchos otros elementos de la Dictadura.

Este razonamiento, sin embargo, no pasa de ser otra excusa, porque las razones esenciales están en la legalidad y en la oportunidad. Respecto a la legalidad, aducen las competencias que en este asunto tiene la Iglesia y así es, pero eso no significa más que la responsabilidad de la ejecución o toma en consideración de la propuesta le corresponde a la Iglesia en vez del gobierno. Lo verdaderamente importante es la oportunidad política y ahí está la clave interpretativa de este asunto. Dicen los firmantes del voto particular: “una parte no pequeña de los españoles consideraría que la exhumación supone una descalificación de un largo periodo de la historia de España”. ¡Acabarámos! Pues claro, ¿qué va a suponer, si no? Este es el problema, la adhesión de una buena parte de los españoles a la pasada Dictadura. Ya lo había dicho Gabriel Jackson en El País el día 30 de noviembre de 2008: “Lo que ocurre en España, una parte importante del problema, es que la sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal, en el mismo sentido en que Alemania condenó el régimen nazi, Suráfrica condenó el apartheid y Estados Unidos condenó la esclavitud y el siglo de segregación que siguió al fin de la esclavitud”.

Y este es el problema que hay que resolver.  Hasta ahora el Parlamento español no ha sido capaz de hacerlo. Sólo formuló una leve y equidistante condena de la violencia en la Guerra en la sesión del día 20 de noviembre de 2002. Pero no ha sido capaz de condenar al franquismo, como lo hizo y le solicitó el Parlamento europeo en la Declaración del 17 de marzo de 2006. Y no digamos la judicatura, a punto de juzgar a Garzón por haber definido al franquismo como un régimen responsable de crímenes contra la humanidad.

Por mucha resistencia que el franquismo residual ofrezca, su causa está perdida. La historiografía está terminando de describir el perfil criminal de la Dictadura; las víctimas se han hecho visibles y nunca van a poder ser ocultadas ni su voz apagada; la humanidad camina, lenta pero inexorablemente, en la defensa de los Derechos Humanos; es sólo cuestión de tiempo para que también España, el Parlamento español dé el paso y reconozca que la Dictadura de Franco ha de ser condenada sin paliativos y sus crímenes plenamente reparados. En esta ocasión, el Partido Popular tiene una buena oportunidad, quizá una de las últimas, para ir homologándose con la derecha europea al abandonar definitivamente a su suerte a la pasada Dictadura. Dudo que pueda ser capaz de hacerlo.

Valle de los Caídos. El Informe

La Comisión creada por el Consejo de Ministros del 28 de mayo de 2011 para decidir “el futuro del Valle de los Caídos”, en cumplimiento del artículo 16 y de la adicional sexta de la Ley 52/2007,  ha concluido su informe. Lo primero que tengo que decir es que se trata de un Informe casi perfecto. Responde efectivamente a la calidad de las personas expertas seleccionadas para realizarlo. Es tal la perfección, que recoge de forma modélica los conflictos esenciales que perviven en nuestra sociedad en lo relativo a ese Valle y a aquella Guerra: la difícil ubicación de las víctimas y el destino del responsable principal, el dictador. Pero de estos dos asuntos trataremos en otros artículos.

El Informe comienza con una Introducción, donde asienta los fundamentos jurídicos e historiográficos que han regido su elaboración. Se cita la legislación que originó el monumento del Valle de Cuelgamuros; se describen los restos de los difuntos allí depositados y la cronología de su depósito, junto a otras características de los mismos, como es el número enorme de restos no identificados, la presencia en lugar preeminente de José Antonio primo de Rivera o la excepcional presencia de Franco.

Es una Introducción bien hecha. Sólo tengo que poner aquí un matiz interpretativo, que me parece relevante: la idea de crear el mausoleo del Valle de Cuelgamuros es de 1 de abril de 1940, primer aniversario de la Victoria, y se inscribe en la interpretación de la Guerra como Cruzada: “perpetuar la memoria de los cayeron en nuestra gloriosa Cruzada”, pero la inauguración del Valle de los Caídos es de 1 de abril de 1959, momento en el que estaba cambiando sustancialmente el mensaje sobre la Guerra. El franquismo no hablaba entonces de cruzada y de victoria,  sino de guerra entre hermanos, una guerra inevitable y necesaria, una guerra donde “todos fuimos culpables”, pero que condujo a una paz duradera por obra de Franco. Era la nueva justificación, por su ejercicio, del franquismo, en el nuevo contexto internacional y de cambio económico interno. Este mensaje, que llegaría intacto y universalizado a la Transición, es clave para la interpretación del Valle de los Caídos y para la comprensión de su pervivencia simbólica; explica también la interrogante presencia de víctimas republicanas, algo sobre lo que la Comisión ha pasado por alto. Pero de eso hablaremos en otro momento, cuando tratemos de las víctimas.

El segundo apartado del Informe son las “Consideraciones”, donde se recoge el resumen de la investigación realizada. Cuentan cómo, después de planteárselo expresamente, optaron por no dejar a merced de los elementos erosivos el futuro del complejo monumental de los Caídos, sino por estudiar la forma de mantenerlo, convirtiéndolo en un centro memorial “de víctimas y de muertos” de la Guerra Civil, aunque para ello habrá que elaborar una explicación. Resignificar el Valle de los Caídos será, pues, la tarea. Debo decir que el análisis está bien ajustado, que tiene en cuenta la historiografía más reciente y que no ahorra calificativos para la Dictadura, por más descalificadores que ellos sean. Y hay que añadir que todo ese contenido ha sido aprobado unánimemente por la Comisión. Reconocen también que hay cosas aún sin investigar, en particular los 12.410 restos de personas desconocidas, todas ellas republicanas.

Finalmente, hacen una Recomendaciones. Comienzan advirtiendo que iniciar cualquier acción requiere la búsqueda de un amplio consenso entre las fuerzas políticas, lo que no podrá hacerse sin un debate social y esto exige, a su vez, la “pacificación social y política del Valle de los Caídos”. Cualquiera, al leer eso, pudiera considerar exagerada la apreciación, pero la reacción de la derechona nada más conocer el Informe es la prueba de que la “pacificación” está lejana. Incluso el actor que el Partido Popular ha tenido durante toda la legislatura para soltar los exabruptos contra el gobierno ha dejado a un lado la cara virginal que le regalaron las pasadas gloriosas elecciones y se ha apresurado a decir que “el problema de los españoles hoy no es Franco, sino el paro”, dejando claro lo que piensan hacer con el Informe.

Entre las recomendaciones, yo destaco el sentido que los informantes quieren dar a la resignificación del Valle de los Caídos, en la que aparece nítida la mano de Reyes Mate: “El objetivo de la resignificación integral no es otro que el de expresar la centralidad de las víctimas mostrando documentalmente y evocando simbólicamente el vacío ético que generó la Guerra Civil con la muerte”. Esto no lo puede digerir el franquismo, pero también le cuesta mucho trabajo al republicanismo acrítico. Y eso explica las reacciones que hemos visto, perfecto retrato de dónde está cada cual.

Pero el conflicto principal se ha generado con una recomendación insignificante dentro del conjunto, la que está en el número 31 del Informe, que propone la reubicación de los restos de José Antonio junto a los demás restos y no en lugar preeminente, y el traslado de los restos de Franco fuera del edificio. Esto último es lo único que ha provocado el voto particular de tres miembros de la Comisión. Es también lo único que ha leído la caverna y a la explicación de su desaforada reacción dedicaremos otro escrito.

La profanación de la fosa de Poyales del Hoyo va, poco a poco, desvelando su significado. Los sucesos del domingo, día 7 de agosto, cuando unos vecinos acosaron a los manifestantes que defendían a las víctimas y, entre otros gritos, invocaban a Franco para que terminase con los partidarios de la memoria, aporta un elemento relevante para la comprensión de los hechos. Pero también sirven para conocerlos mejor las declaraciones de algunos políticos: Ignacio Cosidó, portavoz del PP en la Comisión de Interior de las Cortes, condenaba que se “abrieran las heridas”; y Marcelino Iglesias, en nombre del PSOE, reclamaba calma al tiempo que reconocía el derecho a “recuperar a los muertos”.

Las dos argumentaciones de los representantes de las principales fuerzas políticas manifiestan una insuficiencia inquietante. En primer lugar, exhumar a las víctimas no debe ser nunca un asunto privado, aunque también sea un derecho de las familias recuperar los restos de los seres queridos, sino que ha de ser un asunto público, porque se trata de conocer la verdad, de buscar la reparación y de administrar justicia para dar fin a la impunidad, como han reflexionado Pau Pérez-Salas y Susana Navarro García en el análisis comparado de las exhumaciones en América Latina. Por otra parte, la reclamación del olvido que propone Cosidó es lo que Jorge Semprún calificaría de  indignidad moral, porque es una invitación a que permanezca la impunidad de los verdugos, mientras se mantiene ocultas a sus víctimas y reducido a la insignificancia su pensamiento.

Debe establecerse socialmente que la memoria de las víctimas tiene como primera misión el conocimiento de la verdad, saber cuántas personas fueron asesinadas, dónde fueron ocultadas, cuál era su nombre y cómo era su pensamiento. Porque estas víctimas, como ha ocurrido siempre en los crímenes contra la humanidad, tuvieron dos muertes, la muerte física y la muerte de sus ideas. Ambas cosas fueron hechas desaparecer y ambas han de regresar al conocimiento de la verdad.

Conocer la verdad intranquiliza, ya lo sabemos. Nos lo había contado György Konrád, nacido en Hungría el año de la llegada al poder de Hitler y el mes de la quema de libros, a quien su madre informó que el jefe de un Estado vecino quería matarlo. Él no murió, pero fue uno de los solos siete niños, entre los doscientos niños judíos de su pueblo, que lograron sobrevivir al nazismo. Muchos años después, Konrád seguía sintiéndose intranquilo ante la mirada de la gente y daba una explicación en un texto titulado En presencia de Dios: “Los que lograron salir con vida representaban una vejación. Regresar de la muerte es una impertinencia. Resulta desagradable que los testigos salgan de repente de las fosas comunes”.

Esto mismo es lo que pasa con la fosa de Poyales del Hoyo, que intranquiliza. Y lo hace porque gran parte de la sociedad española no termina de reconocer al franquismo cono un régimen responsable de crímenes contra la humanidad. Ya nos lo había advertido Gabriel Jackson en El País el 30 de noviembre de 2008: “Lo que ocurre en España, una parte importante del problema, es que la sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal, en el mismo sentido en que Alemania condenó el régimen nazi, Suráfrica condenó el apartheid y Estados Unidos condenó la esclavitud y el siglo de segregación que siguió al fin de la esclavitud”. La intranquilidad sigue y no cesará hasta que se reconozca la verdad, se haga justicia y se repare la injusticia. Así de claro.

Hace unos años, en el cementerio de un pueblo de la Tierra de Campos cercano al mío, una cuadrilla de preadolescentes profanó alguna tumba del cementerio. Fue un delito al que se aplicaría el artículo 526 del Código Penal y punto. Eso mismo ha ocurrido otras veces. Sin embargo, la profanación de la tumba de Poyales del Hoyo, en Ávila, por parte del alcalde del Partido Popular, Antonio Carro, y de la jueza de paz es mucho más que una violación de un sepulcro. Las cuestiones formales, aquí, son insignificantes.

La fosa de Poyales del Hoyo contenía los restos de diez personas asesinadas por los golpistas de 1936. Se conoce, incluso, a uno de los asesinos, “el falangista apodado 501, un siniestro pistolero que, según los vecinos de la zona se jactaba de haber asesinado a tantas personas como decía su mote” (Público, 4-8-2011). Los restos de esas diez víctimas estaban allí depositados, porque les había colocado la ARMH después de exhumarlos de unas fosas comunes clandestinas. Se trataba, pues, de un testimonio del crimen contra la humanidad cometido por los franquistas, al desarrollar su proyecto de exterminio de “los rojos”.

La chulería de este alcalde de un pequeño pueblo abulense sobrepasa con mucho el delito de profanación de una fosa, porque es un acto directamente relacionado con el crimen contra la humanidad del franquismo. No se trata, por lo tanto, de aplicar el artículo 526, que también, sino de dar noticia a la fiscalía por si pudiéramos estar en presencia de un gravísimo delito afectado por leyes nacionales e internacionales y relacionado con la esencia de los derechos humanos.

El delito de este alcalde se sustenta en la persistente invitación al olvido del crimen, a la que nos convoca cada día el Partido Popular. Si hace unos días lo hacía el alcalde de Valladolid, el mismo día en que se publicaba la noticia de Poyales del Hoyo lo hacía, con gruesas palabras,  la coordinadora del partido Popular en Granada, que salía en defensa de su alcalde, enlodado con unas declaraciones en torno a la Tapia del Cementerio de San José, de donde ordenó retirar por cuarto año consecutivo una lápida memorialista de las víctimas del franquismo, Tapia que la Junta de Andalucía acaba de proponer como “Lugar de la Memoria”.

Las ignominiosas declaraciones del alcalde y de la coordinadora del PP de Granada, que ofenden a la memoria de los 3.968 fusilados, hasta ahora documentados, en la tapia del cementerio, son difícilmente perseguibles por la justicia, al tratarse de opiniones, aunque el Tribunal de Núremberg sentó un importante antecedente con la condena al profesor de la misma localidad, Julius Streicher, por incitación al genocidio, como destacó Hannah Arendt. Pero la destrucción del testimonio de veracidad del crimen, recogido en el cementerio de Poyales del Hoyo, no son palabras.

Marcelino Flórez