Política

La Ciudadanía del Tertuliano

Que el ministro Wert es un tertuliano está fuera de toda duda. Fue dado a conocer por esa tarea y ejerce el ministerio con el método de las tertulias. Ha dado tantas pruebas de los peligros que encierra confundir la tertulia con el oficio público ministerial, que no es necesario insistir en ello. Y, por fin, ha dado a conocer la gran tarea que Rajoy ha encomendado a su ministerio: cambiar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. El nuevo nombre, Educación Cívica y Constitucional,  no podrá llegar hasta que se cambie la ley orgánica, pero los contenidos ya empezarán a regir el próximo curso.

El cambio principal es lo que toca a la homosexualidad. Esta fue la razón de la absurda polémica habida en torno a la asignatura, cuando el obispo Cañizares, ahora ocultado en el Vaticano, afirmó que se trataba de “un ataque más a la familia”. En consonancia con el mandato del integrismo católico, ya no se deberá hablar en clase de los diversos tipos de familia (heterosexual, monoparental, homosexual), sino de “la familia en el marco de la Constitución española”. Esperemos a ver qué dice el Tribunal Constitucional, porque pudiera ser que todo este rodeo nos llevara al principio, si resultase que la familia en la Constitución española puede ser indistintamente de un mismo sexo o de los dos, con una sola madre o padre, o con varios padres y madres por muy separados y arrejuntados que lleguen a estar.

El otro gran cambio que introduce Wert es el que refleja el clasismo descarado, esto es, sin careta de nueva derecha española fortalecida. El programa de esta nueva clase elimina las referencias que orientaban para organizar “actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria” y, en su lugar, se anima a destacar “la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor”.  Un aspecto paralelo de este clasismo se ve reflejado en el populismo que configura el nuevo programa. Así, se elimina el concepto de “mundo desigual” y se sustituye por el estudio de casos: terrorismo, fanatismo religioso (y aquí seguro que no piensan en Cañizares o en Rouco, sino en sus pares islamistas), estados fallidos (de ahí, entre otras cosas, que sean pobres) o nacionalismos excluyentes (y aquí que nadie piense en el nacionalismo español, sino en el vasco o en el catalán).

Según las primeras noticias que nos llegan, no se observan otras cosas de interés en el proyecto del tertuliano. Quiero destacar, no obstante, una omisión en la que yo veo la esencia y el peligro mayor de la nueva derecha reforzada. Me refiero a la eliminación en el proyecto de Wert de la orientación que era básica para el aprendizaje ciudadano en el anterior texto: “la valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos”. El ministro Wert elimina de un plumazo la equidad de género y el respeto a la diferencia, casualmente unos de los pocos valores universalmente consensuados en sede de Naciones Unidas. ¡Qué concordancia entre este programa y las campañas electorales del Partido Popular, especialmente la campaña en Cataluña! Entendemos perfectamente que en España no aparezca otro partido de extrema derecha, no le queda espacio alguno.

Memoria de las víctimas,Política

Verdad o Justicia

El día 12 de abril de 2012, Thomas Weber, profesor de Historia Moderna, publicaba en la Cuarta de El País un artículo titulado Tribunales ordinarios y criminales de guerra. Se lamenta allí de que los cazadores de nazis sigan persiguiendo sus objetivos y llevando a los criminales, ya ancianos, ante los tribunales ordinarios. Pone el ejemplo de John Demjanjuk, guarda del campo de Sobibor, que murió el 17 de marzo, poco tiempo después de haber sido condenado a una pena de cinco años de cárcel; o el de Willi B., de ochenta y seis años, que se halla bajo investigación por supuesta participación en la masacre de 642 civiles en la localidad francesa de Oradour-sur-Glane, población de la región francesa de Limousin arrasada en 1944 por la 3ª Compañía “El Führer”, del Regimiento de Infantería Acorazada de las SS.

El lamento de este historiador, como expresamente dice, no se debe a que pretenda relegar al olvido a las víctimas de Oradour-sur-Glane o de Sobibor, ni a ninguna otra. Se debe a que no le parecen adecuados los juicios para llegar a conocer la verdad. Y propone que se sustituyan los juicios por Comisiones de la Verdad, ante las cuales los criminales, garantizada su inmunidad, hablarían con más facilidad. Propone, por lo tanto, buscar la verdad y renunciar a la justicia. De paso, da unos consejos a los españoles y nos invita a sustituir el asociacionismo memorialista por Comisiones de la Verdad, escapando así a la atribución de “intenciones partidarias”, al dar cabida en ellas a testimonios de “las distintas partes enfrentadas”.

Me causa asombro que un historiador, sin duda eminente por el puesto que ocupa en la Universidad escocesa de Aberdeen, escriba sin pudor las cosas que ha escrito en ese artículo; y me causa más asombro que el primer periódico de España eleve esa doctrina a su principal espacio de opinión, por más que El País sea tan reincidente en esa opción ideológica. Hay que decir no, una y mil veces, a estos, si son bienintencionados, errores conceptuales, o a estas perversiones morales, en palabras de Primo levi, si tienen alguna mala intención.

En el laberinto de la confusión conceptual sobre los asuntos memorialistas del que no logramos salir (he explicado esto en un librito, que ahora se puede ver en edición digital: (http://www.librosenred.com/libros/rememoraciondelasvictimasycambiosenelpensamientosocial.html), hay cosas elementales que aclarar. Primero: conocer la verdad y juzgar los crímenes de lesa humanidad son dos cosas diferentes y perfectamente compatibles. Si el historiador quiere conocer la verdad, es decir, aumentar el conocimiento histórico con testimonios de protagonistas, puede hacerlo y existe una ya larga experiencia sobre el uso de esas fuentes orales. Historia y justicia son compatibles, aunque son bien diferentes. La historia construye científicamente la verdad, la justicia certifica los crímenes cometidos y la autoría de los mismos. Frente a la historia y a su verdad, cabe el revisionismo, a veces incluso bienintencionado; frente a la justicia, el negacionismo sólo admite persecución judicial.

Cuando Thomas Weber nos recomienda a los españoles que optemos por conocer la verdad, su buena voluntad está pensando en la reconciliación. Pero cae en un engaño, porque no hay reconciliación posible sin reconocimiento de la verdad y eso no es tarea de ninguna comisión, sino que atañe a las responsabilidades de las personas o de las instituciones. Reconocimiento es distinto de conocimiento. Por otra parte, como ha escrito Rainer Huhle, “si la verdad queda establecida, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, de culpas enormes, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida”. Ambos razonamientos conducen a la conclusión de que la verdad reclama justicia. Eso es lo que está ocurriendo en España. A medida que va creciendo el conocimiento de los crímenes del franquismo, la demanda de justicia va convirtiéndose en un clamor social. Recordemos que esos crímenes constituían un tabú del que no se podía hablar hasta hace poco más de diez años. Todavía el 26 de noviembre de 2003 el parlamentario del Partido Popular, Luis de Grandes, se refirió a este asunto con la expresión descalificadora de “revival de naftalina”.

La otra recomendación que Thomas Weber nos da a los españoles no me produce asombro, sino indignación. De nuevo se vuelve a la equidistancia de las víctimas con la expresión de “las distintas partes enfrentadas”. Es cierto que hay dos “partes enfrentadas”, el gobierno legítimo y los rebeldes, pero ni las dos “partes” ni las víctimas en ellas producidas son equiparables y pueden tratarse en un mismo negociado. Respecto a las víctimas, es sabido que los rebeldes, ganadores de la guerra, repararon los daños producidos. Aunque la reparación se hiciera por la vía de la venganza y no de la justicia, lo cierto es que no existe ninguna víctima que no haya recibido su reparación en el bando de los rebeldes con un castigo inmisericorde para los presuntos culpables, sus nombres han llenado calles e iglesias durante años y, en muchos casos, siguen allí presentes, sus familias fueron beneficiadas económicamente y nunca han sido relegadas al olvido.

Por el contrario, las personas asesinadas, torturadas o perseguidas por los franquistas han permanecido ocultas hasta hace muy pocos años, la mayor parte de las asesinadas continúan desaparecidas dentro de fosas comunes y, sobre todo, no ha sido reparado el crimen. Los criminales, cuyos nombres son ya públicos en muchos casos, tampoco han sufrido condena. Falta, pues, la justicia, que es el primer acto reparador de las víctimas, como dijera en 1995 el entonces fiscal de La Haya, Richard Goldstone, con motivo del cincuenta aniversario del juicio de Núremberg: “La justicia no es solamente una cuestión de castigo de los criminales de guerra y de derechos humanos. Es también una cuestión de reconocimiento del sufrimiento de las víctimas. Y para los afectados, en muchos casos, este reconocimiento es una parte esencial de su proceso de rehabilitación”.

Recurrir a la equiparación de víctimas no ha tenido históricamente más resultado que seguir ocultando el crimen. Querer sustituir la justicia por el mero conocimiento de los hechos es optar por la impunidad de los criminales, lo que no deja de ser una invitación a los poderosos para continuar conculcando los derechos humanos. Por eso, el esfuerzo sigue siendo por la verdad y por la justicia, sin renunciar a ninguna de las dos cosas.

Política

Confluencia de las izquierdas

En un reciente artículo Carlos Taibo diferenciaba dos tendencias políticas situadas a la izquierda: una, antiliberal, formada por PSOE e IU con dos aliados sociales principales, Comisiones Obreras y UGT; la otra, anticapitalista, agrupada en variados grupos comunistas y anarquistas con el apoyo social del sindicalismo radical, el ecologismo radical, el cooperacionismo crítico y una variada gama de movimientos emergentes, como los que confluyeron en el 15-M. Al terminar de leer ese artículo uno constata algo ya resabido, que la izquierda es muy heterogénea. Pero ese no es el problema, sino que la preocupación está en las posibilidades de confluencia, si es que las hubiera. Y lo que importa es una confluencia electoral, pues la mera confluencia movilizadora no conduce a ninguna parte si no tiene dirección política. (¿Habrán entendido esto ya todas las organizaciones sindicales?).

Carlos Taibo escribió este artículo antes de la Huelga General del 29 de marzo y el escrito reflejaba, junto con su opinión, el espíritu político anterior a las elecciones generales del 20 de noviembre. Pero las movilizaciones a causa de la reforma laboral y de los ajustes estructurales indican un cambio en el espíritu político. Aceptemos en parte la tesis de Carlos Taibo: hay dos izquierdas, una antiliberal y otra anticapitalista, pero dejemos a IU pasar a formar parte de la izquierda anticapitalista. La izquierda antiliberal sería entonces monopolio del PSOE con sus alianzas sociales y su objetivo sería conservar el Estado del Bienestar, tal y como la socialdemocracia europea lo construyó en la segunda mitad del siglo XX, que, por otra parte, por ahí deben de andar las preocupaciones según vemos en la Cuarta de El País.

La izquierda anticapitalista estaría formada por una pluralidad de partidos y de movimientos sociales, que reclaman su espacio y que se manifestaron juntos, pero bien diferenciados, el 29 de marzo. Ese día caminó una gran multitud indiferenciada detrás de las pancartas de CC.OO. y de UGT, y otra multitud menos numerosa, aunque mejor definida, detrás de las pancartas de IU, con el corazón un poco dividido éstos por la propia heterogeneidad interna, de las pancartas de otros partidos comunistas no integrados en IU, de las pancartas de nuevos partidos ecologistas en experimentación. Seguían los sindicatos críticos, la CGT, pero también el  Bloque Obrero o la CNT. Y manifestaba su personalidad bien marcada la gente del 15-M, que era gente casi exclusivamente joven. ¿Existirá alguna argamasa que pueda aglutinar a esa izquierda, que reclama con tanta energía su personalidad propia?

Un cemento capaz de fraguar con esos componentes tiene que partir de la aceptación de algunas evidencias: que el PSOE es una fuerza de centro-izquierda consolidada e indiscutible, con quien habrá que relacionarse; que no es posible federar tanta heterogeneidad; que las experiencias de “unidad” de la izquierda bajo cualquier “hegemonía” han terminado; que todos los grupos, subgrupos y grupúsculos tienen la intención –y el derecho- de buscar sus caminos, de afirmar sus particularidades y de querer seguir siendo lo que son. Ahora bien, si quieren dejar de ser irrelevantes políticamente e ineficaces socialmente, tienen que plantearse alguna forma de convergencia.

No creo yo que se pueda pensar en nada que no sea coyuntural, como lo son un programa o unas listas electorales. Hay que aceptar el abandono de la confluencia en cosas más estructurales, como la revolución o, incluso, la formación de un partido. Para esta tan poca cosa, sin embargo, creo yo que hay un difícil camino que recorrer. Los grupos partidarios de una confluencia tendrían que estar dispuestos a renunciar a ir a unas elecciones con su propio nombre, con sus propias listas y con el programa propio. Y tendrían que aceptar algunos principios y reglas de juego comunes.

Respecto al método, habría que aceptar que las candidaturas han de ser elegidas de forma pública y organizada, mediante la creación de un censo de electoras y electores y una propuesta de nombres en listas separadas de hombres y de mujeres. Que los programas han de elaborarse democrática y públicamente, partiendo, por ejemplo, de unas propuestas encargadas a personas técnicas, que se harían teniendo en cuenta los principios recogidos en el acuerdo constituyente de la agrupación electoral. Que las personas elegidas han de ser libres, sin mandato imperativo, como garantiza, por otra parte la Constitución, pero deben someterse a un contrato notarial de compromiso para defender el programa electoral y someter a consulta pública las decisiones relevantes que hayan de tomarse no contempladas en el programa.

Por lo que se refiere a los principios políticos a compartir, deben ser suficientemente abiertos para hacer posible una confluencia tan diversa. Así, se podría dar prioridad a lo que es imprescindible, como lo es la defensa de los derechos humanos en los términos definidos en sede de Naciones Unidas y firmados por el Estado español; esto se podría concretar en la defensa del Estado del Bienestar, como realización de los derechos económicos y sociales, y en la garantía de las libertades ciudadanas. Imprescindible también habría de ser la promoción y defensa de la equidad de género, o la protección medioambiental. En un segundo término, se podrían contemplar aquellas cosas que se deben proteger eficazmente, como son la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales públicos. En un plano más abajo se situarían aquellas cosas que se pueden proteger indicativamente, como es la economía solidaria y alternativa, la creación cultural y científica, o los servicios comunitarios.  Más abajo estaría aquello que no se protege, pero se regula, como es la libre empresa en producción distribución y consumo o el pensamiento, la cultura y las creencias particulares. También habría de haber acuerdo en lo que se persigue: el fraude fiscal, el deterioro medioambiental, la violencia social y política, que incluye el maltrato de género y el terrorismo, así como las ideologías y organizaciones promotoras de esa violencia. Para garantizar tanto la acción pública, como la protección indicativa de iniciativas particulares, habría que regular inicialmente el uso del dinero público, sometiéndolo a los principios constitucionales de igualdad y de trasparencia, de modo que se garantizase el fin de la corrupción política.

Un programa mínimo de estas características hace suyos conceptos como democracia real, decrecimiento o “buen vivir”, soberanía alimentaria, economía solidaria y alternativa, y libertad incentivada para la creación cultural y científica. No estaría mal para empezar.

Historia,Memoria de las víctimas,Política

Revisionismos históricos

En el número 72 de la revista Historia Social, que acaba de traerme el correo, Fernando del Rey publica un amplio artículo, titulado “Revisionismos y anatemas. A vueltas con la II República”. Además de descalificar al pensamiento contrario al suyo con expresiones como “polemistas”, “activistas políticos”, “fiebre memorialista”, “se autoproclaman historiadores profesionales” (luego, no lo son: se autoproclaman) o “disputa que venimos padeciendo”, por entresacar una muestra que manifiesta el estado de ánimo del autor; además de la descalificación, digo, procede Fernando del Rey a razonar lo inapropiada que es la calificación que ha recibido el libro por él dirigido, Palabras como puños, libro del que yo he hecho también una dura crítica aquí mismo bajo el calificativo de revisionista (Ver: Cuidado con los historiadores).

Después de hacer una aclaración, voy a fijarme solamente en dos cosas para demostrar que este artículo y el libro Palabras como puños se enmarcan perfectamente en lo que se conoce como revisionismo en Historia. La aclaración es sobre el término revisionismo. De acuerdo en que significa varias cosas y que ninguna de ellas es la que se refiere a la reescritura permanente de la Historia, pero por “revisionismo político” todo el mundo entiende la crítica con la que el marxismo se refería a la socialdemocracia después de la polémica con E. Berstein en el seno del socialismo alemán; y con “revisionismo histórico” se designa a la tendencia historiográfica que inició Ernst Nolte a mediados de los años ochenta para justificar el nazismo al explicarlo como una reacción defensiva ante los crímenes estalinistas. Desde entonces y en términos más generales, “revisionismo histórico” es la tendencia a justificar los fascismos explicándolos como reacción a las revoluciones o desórdenes sociales imperantes, como explicó de forma perfecta Antonio Elorza en El País el día 4 de enero de 1997: “Ciertamente resulta difícil y poco elegante alabar la sublevación militar, pero basta con tomar como punto de partida la supuesta situación caótica de la España republicana para proporcionar una justificación indirecta al alzamiento”. Pues, eso. Y debo añadir que para tener una postura revisionista no hace falta ser consciente de ello, basta con participar de esa mayoría que actúa conforme a “lo políticamente correcto”, como decía Elorza en ese mismo escrito.

La primera cosa que prueba la postura revisionista de Fernando del Rey se encuentra en la nota 13, donde cita a Ángel Viñas para identificarse con la propuesta teórica que hace éste de estudiar la Guerra Civil en los libros no como apéndice de la República, sino como prolegómeno del Franquismo. Pero después de la cita, nuestro historiador dice: “Lo cual, añado yo, no debe llevarnos a negar líneas de continuidad entre la República, sus problemas, sus diferentes actores –el basamento ideológico de éstos- y la guerra, principio metodológico muy diferente a la inaceptable extrapolación  de querer entender la historia de la primera (la República) por lo que vino después, tanto el conflicto bélico como la dictadura”. Así pues, dice justo lo contrario de Viñas. Éste dice que la Guerra trajo el Franquismo y Fernando del Rey dice que la República trajo la Guerra. Lo dice con suavidad –“líneas de continuidad”-, pero lo dice. ¿Qué otra cosa se puede deducir del contexto en el que están escritas la palabras (el afán de los antifranquistas de presentarse como demócratas, cosa que “nunca fueron”), además de la propia literalidad de las mismas? El punto de partida de Fernando del Rey es, efectivamente, que las palabras como puños están en el origen de la Guerra, con lo que ésta queda explicada, es decir, justificada. Porque aquí hay una confusión entre causa y antecedente, en la que no entraré y me limito a recomendar la lectura del capitulo 2, “La confusión en el origen”, del libro de Alberto Reig Tapia, Memoria de la Guerra Civil. Los mitos de la tribu.

La segunda cosa a la que voy a referirme es un lamento por las acusaciones que se hace “a los historiadores no militantes”, por expresar “sus dudas, cuando no su abierto rechazo, ante la aplicación a la represión franquista de conceptos tales como ‘plan de exterminio’, ‘fascismo’, ‘genocidio’ u ‘holocausto’”. Pues bien, en este asunto se ha acabado la discusión y ya no hay que hacer un mero reproche, sino una denuncia política contundente: eso es negacionismo de la criminalidad del franquismo. Lo acaba de decir el Tribunal Supremo español en la sentencia absolutoria del juez Garzón en la causa seguida contra él por haber atendido a la demanda de las víctimas del franquismo. En sede judicial suprema acaba de afirmarse que el franquismo es responsable de un “crimen contra la humanidad”. No se trata, por lo tanto, de opiniones diversas entre historiadores, sino de veredicto jurídico. A veces, como se ve, sale el tiro por la culata.

En definitiva, la letra pequeña del artículo que comentamos demuestra que nos hallamos ante una tendencia historiográfica revisionista, denunciada ya por Amnistía Internacional y por una parte de la historiografía, pero avalada ahora definitivamente por el Tribunal Supremo. Como dijo también Antonio Elorza en El País el día 1 de noviembre de 2008, “de los crímenes nazis a Karadzic, una calificación (jurídica) adecuada de los crímenes vale más que una cascada de libros”. Ha terminado la discusión, en este caso con sentencia.

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La sentencia y las víctimas del franquismo

La sentencia absolutoria para el juez Garzón en el caso de las víctimas del franquismo es una buena noticia. Es una sentencia de mucha enjundia y afecta a distintos aspectos jurídicos, sociales y políticos. Los elementos jurídicos irán siendo desvelados por los técnicos. Yo voy a fijarme en los aspectos sociales y políticos, de los que entiendo algo.

Lo más importante, desde el punto de vista de la memoria histórica, es la constatación de que los hechos denunciados por las víctimas constituyen, en el lenguaje y en la jurisprudencia moderna, un crimen contra la humanidad. Esta afirmación, que reproduce lo expresado por Garzón en los autos denunciados por los neofranquistas, deja fuera de discusión para siempre la calificación del régimen de Franco: es un régimen nacido, asentado y mantenido sobre un crimen contra la humanidad. La sociedad española ya no puede seguir mirando para otra parte, como venía haciendo. Igual que en Sudáfrica con el apartheid, en América del Norte con el racismo o en Alemania con el nazismo, hay que reconocer socialmente el pasado y disponerse a reparar sus efectos.

Los demás considerandos de carácter político merecen una severa crítica: las afirmaciones y juicios de valor políticos sobre la Transición, para justificar la Ley de Amnistía de 1977, aparte de estar fuera de sitio en la lógica jurídica, desconocen las últimas investigaciones sobre ese periodo, de las que ya no se deduce la calificación política de “modélico” con el que fue calificado políticamente en otro tiempo y que recoge la sentencia.

Aunque la sentencia reconoce alguna diferencia en el trato recibido por las víctimas republicanas y las víctimas franquistas de la Guerra Civil, sitúa a las víctimas en términos de equidistancia entre los dos bandos de la Guerra. El razonamiento tampoco viene al caso, pero, además, no se sostiene con lo que ahora sabemos. No creo que los jueces del Supremo estén en condiciones de demostrar una “acción sistemática” en el caso de los poderes republicanos, menos aún una vez que las milicias pudieron ser controladas. No creo que puedan hablar de desaparecidas en el caso de las víctimas franquistas, salvo muy pocas excepciones que se subsanaron apenas terminada la Guerra, entre ellas, la de Paracuellos. Y, sobre todo, no puede ser que sean desconocedores de la reparación que conocieron las víctimas de la derecha política, incluyendo el enjuiciamiento de los criminales (aunque fuesen, como fueron, juicios ilegítimos). Equiparar a las víctimas, dijo Primo Levi, es una perversión moral y siempre cumple la función de garantizar la impunidad vigente.

La sentencia, como acaba de recordar Amnistía Internacional, pasa por alto lo principal: la denuncia de las víctimas, que originó las actuaciones del juez Garzón. Las víctimas vuelven a ser olvidadas o, lo que es peor, se hace referencia a ellas no para que reciban justicia, sino para “recuperación de los cadáveres para su homenaje y procurar la efectiva reconciliación que la Ley de Amnistía perseguía” (¡Ay!, si analizamos esta frase). No, señores magistrados, las víctimas reclaman, además de verdad y recuperación de cadáveres, justicia: que se designe y se reconozca socialmente a los criminales y que se atestigüe la inocencia de las personas asesinadas. La justicia es el primer acto reparador para las víctimas y aún está pendiente.

No sé cuál será el grado de consistencia de los argumentos jurídicos, pero el voto particular concurrente del magistrado Julián Sánchez Melgar, al insistir en que no hay delito de prevaricación porque falta el elemento subjetivo, que es imprescindible, deja en muy mal lugar al instructor Varela y a todo el Tribunal, que no fue capaz de anular el juicio por defectos de forma hace solo unos días, aunque esta decisión fuese con el Tribunal partido en dos.

El acoso a Garzón ha terminado, por ahora, con su expulsión de la judicatura, pero los razonamientos presentes en esta sentencia acarrean mucha inseguridad para la condena por el caso Gürtel. Veremos cómo termina finalmente. Por el momento, la causa de las víctimas del franquismo ha logrado un gran avance, por hacerse definitivamente visibles y por obtener una condena moral, en sede judicial, del franquismo. No está mal el resultado provisional.

Memoria de las víctimas, Historia y Política